Son, a este respecto, de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos; actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe (Gaudium et spes 36).
La perspectiva de este blog es teológica; y así debe leerse la reflexión que sigue. No escribo en términos partidarios: acá no me pronuncio a favor ni en contra de ninguna ideología política. Simplemente intento echar luz, teniendo en cuenta el Magisterio de la Iglesia,[1] sobre el modo en que los obispos deben intervenir en la política.
Constato, con perplejidad, que algunos obispos insisten en pronunciarse sobre ciertos asuntos temporales en los que no deberían inmiscuirse, al menos no como pastores de la Iglesia. Podrían sí, perfectamente, hacerlo a título individual, como un ciudadano cualquiera, pero no desde la cátedra propia de un sucesor de los apóstoles.
Está claro que la fe cristiana no debe quedar confinada al ámbito privado, sino que debe permear toda la realidad humana. Pero la misma fe cristiana distingue lo que corresponde al César de lo que corresponde a Dios. Y al César le toca administrar las cuestiones temporales, que a menudo, por su propia naturaleza, suelen ser discutibles. El rol de la Iglesia es iluminar esas decisiones desde el Evangelio, pero sin incidir en un sentido u otro cuando el asunto no resulta evidente desde una mirada cristiana.
En esta oportunidad la intromisión se da respecto de la conveniencia o no de sancionar la llamada ley de "extranjerización de tierras". La Comisión episcopal de pastoral social, junto con Endepa y Cáritas Argentina, o sea, no un obispo aislado sino tres grupos de obispos que hablan en representación de la totalidad de obispos en la Argentina, reiteró el 4 de octubre de 2026 su "preocupación" por el "cuidado de la Nación y de su soberanía".[2] Ya lo habían hecho el 16 de junio de 2026;[3] y pocos días después, el 24 de junio, un obispo expuso en el Senado calificando de "ciega" a la ley que se estaba discutiendo.[4] Algo semejante ocurrió en el último tiempo en relación con la baja de la imputabilidad penal.
Estos proyectos pueden gustar más o menos, pero no es evidente que contradigan el Evangelio. Y si alguien así lo piensa debería argumentar sólidamente en esa dirección. La doctrina social de la Iglesia enuncia principios que corresponde aplicar prestando la debida atención a las circunstancias, dejándose instruir por personas competentes que conocen mejor que uno mismo la materia sobre la que se pretende legislar. Es sabido, además, que en este tipo de cuestiones suele haber opiniones encontradas. Nadie les pide a los obispos que sean expertos en derecho, economía, seguridad nacional, educación, diplomacia, por dar algunos ejemplos. Se les pide que enuncien principios evangélicos, y que dejen que los laicos discutan y decidan lo que creen mejor en aquellos asuntos en que el Evangelio no permite derivar una respuesta obvia.
La Palabra de Dios ofrece criterios fiables para orientar los caminos de la justicia y abrir vías de reconciliación y paz entre los seres humanos. Cuando se trata de aplicar estos criterios a las complejas situaciones de nuestro tiempo, resulta esencial la contribución de la filosofía y de las ciencias humanas y sociales, que ayudan a comprender y analizar más a fondo las dinámicas culturales, económicas y políticas (León XIV, Magnifica Humanitas 23).
Corresponde que los obispos se pronuncien en contra de una ley si contradice abiertamente el Evangelio. En otras palabras: su oposición pública a una ley, en tanto obispos, debe conocerse únicamente cuando resulta claro que votar la ley es un acto pecaminoso. ¿Deberían confesarse los legisladores y ciudadanos que trabajan activamente para que se promulgue la ley que elimina el límite para la venta de tierras a extranjeros? ¿Deberían confesarse quienes están de acuerdo con que la edad de imputabilidad penal haya bajado a los 14 años?
Cuando se mira el asunto con serenidad, se comprueba que ambos temas son opinables. Se puede ser católico en sentido pleno defendiendo tanto el límite como la falta de límite en la venta de tierras a extranjeros. Y lo mismo cabe para el debate sobre la edad mínima de imputabilidad penal. Porque no es evidente que el Evangelio se concrete mejor en alguna de las opciones en pugna. Tal vez sirva para la comprensión de la situación mirar lo que ocurre en otros países. Sobre la venta de tierras a extranjeros existen distintos modelos. Uruguay, por ejemplo, prohibe la tierra "por parte de estados extranjeros, pero no se extiende a personas o empresas. Ninguna ley establece un cupo o porcentaje".[5] No escuché nunca a nadie decir que esa decisión de Uruguay representara un peligro para su soberanía; mucho menos para la Nación. Con esto no quiero expresar mi opinión sobre la pertinencia o no de la ley, sino simplemente dejar constancia de que la Iglesia no debería invocar su autoridad espiritual (sobrenatural) en temas de índole secular (natural). Por otra parte, los comunicados muestran un desconocimiento de lo que en rigor significan los conceptos de soberanía y Nación, lo que conlleva un descrédito extra.
Como si lo dicho no fuera suficiente, debe señalarse que los obispos adhieren a una línea argumental sin, aparentemente, ponderar datos que muestran la debilidad de esos mismos argumentos. En este sentido es conocido el caso del estadounidense Douglas Tompkins que, según cuenta una carta de lectores del diario La Nación, "donó a Parques Nacionales unas 190.000 hectáreas en los esteros del Iberá (muchas otras donaciones se concretaron tras su fallecimiento, a través de su esposa, y superan esa cifra), 55.000 en Monte León (Santa Cruz) y otras 15.000 en otras áreas de la Patagonia. Ahora yo le preguntaría a los enemigos de la estranjerización si -aparte del Perito Moreno, hace un siglo- conocen a algún otro argentino que haya donado tanta superficie (en el caso de Moreno, lo hizo al Estado Argentino) a Parques Nacionales". [6]
Concluyo repitiendo que mi reflexión no supone decir qué debería votarse, sino mostrar el error por parte de los obispos de pronunciarse en temas de agenda legislativa cuando el Evangelio no está directamente en juego. En esta nota aludí tan solo a dos temas, pero en los últimos años han sido muchas las ocasiones en que la autoridad episcopal se expresó sobre cuestiones temporales, casi siempre sin respetar la distinción de esferas indicada por Jesús (cf. Mt 22,21). Los laicos deben ocuparse de gestionar los asuntos temporales, y si no existen en número y competencia suficiente, los obispos deberían trabajar para subsanar esa carencia.
[1] Fundamentalmente Gaudium et spes del concilio Vaticano II, aunque también Apostolicam Auctositatem, Christifideles laici y los discursos de Benedicto XVI en los parlamentos de Alemania e Inglaterra, entre muchos otros pronunciamientos.
[4] https://youtu.be/djarnIbBogs [minuto 1:39-41].
[6] Sergio Ohanessian, "Tompkins" (10 de agosto de 2026): https://www.lanacion.com.ar/opinion/carta-de-lectores/cartas-de-lectores-incoherencia-frutos-tompkins-nid10082026/. Otro testimonio a favor de Tompkins y en contra del "compre nacional" en: Jorge Eduardo Bustamante, "Ley de tierras, una experiencia personal" (27 de agosto de 2026): https://www.lanacion.com.ar/opinion/ley-de-tierras-una-experiencia-personal-nid27082026/
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